Guía estratégica para Directorios y Gerencias de Proyecto

Por Paula Andrea Cáceres González 

En proyectos de infraestructura, especialmente aquellos sometidos a RCA, EIA o DIA bajo la Ley 19.300, la gestión de la evidencia dejó de ser un soporte administrativo: hoy constituye un activo financiero crítico y un mecanismo de mitigación de riesgo penal corporativo.

Un claim sólido no se construye en la etapa arbitral o judicial. Se construye en terreno, en tiempo real, con disciplina contractual y trazabilidad técnica.

I. Los tres pilares de una estructura probatoria robusta

Un claim que aspire a prosperar en sede arbitral, ante tribunales ordinarios o en panel técnico, debe sostenerse sobre tres elementos copulativos:

1. Fundamento de Derecho (Anclaje contractual y regulatorio)

Todo reclamo debe vincularse explícitamente a:

• Una cláusula contractual habilitante (variaciones, fuerza mayor, interferencias, cambios regulatorios).
• Una orden formal de la Inspección Técnica.
• Una obligación ambiental sobreviniente (exigencia de autoridad, modificación de RCA, paralización preventiva).

Sin respaldo documental en el Libro de Obras, actas de coordinación o instrucciones formales, la pretensión se debilita estructuralmente. En materia ambiental, además, debe acreditarse la incidencia normativa concreta (por ejemplo, exigencias de la Superintendencia del Medio Ambiente o del Servicio de Evaluación Ambiental).

2. Nexo Causal (Causalidad técnica demostrable)

No basta la ocurrencia del evento. Debe acreditarse la existencia de un evento identificable, un impacto directo en plazo o costo y una imposibilidad razonable de mitigación.

La prueba idónea incluye:

• Registro contemporáneo (libro obras, informes de terreno).
• Fotografías georreferenciadas y fechadas.
• Comparación programática (línea base vs. impacto).
• Evidencia de detención o subutilización de recursos.

En controversias complejas, el análisis de ruta crítica (critical path method) y el respaldo en curva “S” resultan determinantes para establecer extensión de plazo o sobrecostos indirectos.

3. Cuantificación sustentada (Quantum)

Un tribunal o panel técnico no indemniza estimaciones globales. Exige un costo unitario verificable, registros diarios de maquinaria y dotación, separación entre costos directos e indirectos, trazabilidad contable auditable.

En proyectos regulados ambientalmente, debe además acreditarse que el mayor costo deriva estrictamente del evento imputado y no de incumplimientos propios.

II. El riesgo crítico: la extemporaneidad

En práctica contractual chilena, la pérdida del derecho por aviso tardío es una de las principales causas de rechazo de claims.

El estándar mínimo exige:

1. Notificación prospectiva, el aviso debe emitirse al detectar la causa, no cuando el daño ya se consolidó. Muchos contratos establecen plazos perentorios (48–72 horas o 5 días hábiles). Su incumplimiento puede implicar caducidad.

2. Prohibición de actuar unilateralmente, modificar frentes de trabajo sin instrucción formal impide la constatación por la contraparte y debilita el nexo causal.
En materia ambiental, ejecutar soluciones no autorizadas puede incluso configurar infracción administrativa.

III. Visión para Directorios: el claim como herramienta de gobernanza

La alta dirección debe comprender que la falta de trazabilidad documental impacta directamente el EBITDA del proyecto. La ingeniería preventiva reduce litigiosidad y la disciplina probatoria constituye el mecanismo de cumplimiento normativo.

En el contexto de la Ley 21.595, una estructura documental robusta demuestra ausencia de defecto organizacional y fortalece el modelo de prevención de delitos.

El Libro de Obras ya no es solo un instrumento técnico: es un elemento de compliance corporativo.

IV. Checklist de control inmediato para Gerencias

Antes de cerrar un estado de pago o enfrentar una controversia, verifique:

• ¿Las instrucciones están formalizadas en Libro de Obras?
• ¿Existe evidencia contemporánea e inalterable?
• ¿El análisis de impacto en plazo está sustentado en metodología CPM?
• ¿La cuantificación distingue costos directos, indirectos y financieros?
• ¿Se emitieron avisos contractuales dentro del plazo?
• ¿La afectación ambiental está documentada frente a autoridad sectorial?

Si alguna respuesta es negativa, el riesgo patrimonial es alto.

La paz contractual no se logra evitando conflictos, sino documentándolos técnicamente desde su origen. En infraestructura pública o privada, la diferencia entre un ingreso legítimo por compensación y una contingencia judicial millonaria radica en una sola variable: la calidad de la evidencia construida día a día en terreno.

Un claim exitoso no es el resultado de una buena alegación. Es el resultado de una organización que entendió que la trazabilidad es rentabilidad.