Las fiscalizaciones ambientales son hoy uno de los hitos más determinantes en la ejecución de proyectos públicos y privados en Chile. Desde zonas industriales del norte, proyectos energéticos en el centro-sur o polos de desarrollo estratégico como Magallanes, una fiscalización puede significar:
- paralización parcial o total de faenas,
- ajustes operacionales inmediatos,
- procedimientos sancionatorios,
- exigencias nuevas no previstas en el contrato,
- impactos económicos y reputacionales importantes.
Por eso, más que un control externo, la fiscalización debe ser entendida como una instancia de evaluación regulatoria estratégica, donde la forma en que la organización responde define la continuidad —o detención— del proyecto.
1. ¿Qué revisa una fiscalización ambiental?
Dependiendo del territorio y del tipo de proyecto (minería, energía, infraestructura, obras públicas, industria, logística o acuicultura), las autoridades —SMA, SEA, DGA, Sernapesca y organismos sectoriales— pueden fiscalizar:
- cumplimiento de permisos ambientales (RCA),
- medidas de mitigación y monitoreo,
- manejo de residuos, emisiones, descargas y fauna,
- condiciones operacionales en zonas sensibles,
- coherencia entre lo autorizado y lo ejecutado en terreno.
En regiones con alta concentración industrial o gran valor ecosistémico (como el norte minero o la zona austral), estas fiscalizaciones tienden a ser más frecuentes y más estrictas.
2. Errores habituales durante una fiscalización
En nuestra experiencia, asesorando proyectos en distintas regiones del país, los errores más comunes son:
❌ 1. Responder rápido, pero no correctamente
La presión del organismo fiscalizador lleva a emitir respuestas sin revisión técnica o legal.
❌ 2. Falta de trazabilidad documental
Sin registros, bitácoras, fotografías y monitoreos validados, demostrar cumplimiento se vuelve difícil.
❌ 3. No coordinar las áreas internas
Ambiente, contratos, operación y legal deben hablar el mismo idioma. La desconexión interna es uno de los principales factores de sanciones.
❌ 4. Desconocer el detalle de la RCA y permisos sectoriales
Muchas no conformidades provienen del incumplimiento de condiciones específicas que no estaban internalizadas por los equipos.
❌ 5. No evaluar el impacto contractual
Una fiscalización puede gatillar Claims si produce retrasos o cambios en las condiciones del contrato. Ignorarlo es un error estratégico.
3. Cómo debe actuar una empresa ante una fiscalización (guía práctica)
📌 Paso 1: Recepción ordenada y designación de vocería
Evita respuestas dispersas o contradictorias.
📌 Paso 2: Revisión regulatoria inmediata
RCA, permisos sectoriales, obligaciones de monitoreo y compromisos voluntarios.
📌 Paso 3: Evidencia antes que opinión
Toda respuesta debe estar respaldada en datos, registros, fotografías, mediciones y documentos oficiales.
📌 Paso 4: Coordinación técnica-jurídica
Ambiente, operación, ingeniería y legal deben preparar las respuestas en conjunto.
📌 Paso 5: Evaluación de impacto en el contrato
Si la fiscalización genera restricciones o paralización, corresponde evaluar ajustes de plazo, costos y la eventual formulación de Claims.
📌 Paso 6: Seguimiento post-fiscalización
Para cerrar brechas, actualizar procedimientos y evitar nuevos eventos.
4. ¿Cuándo una fiscalización puede originar un Claim?
Esto ocurre cuando la fiscalización genera:
- paralización total o parcial,
- retrasos no imputables al contratista,
- cambios en el alcance del proyecto,
- exigencias nuevas no consideradas en el contrato,
- costos extraordinarios de cumplimiento,
- pedidos de reconfiguración operativa.
Estos efectos se dan con especial frecuencia en:
- Proyectos mineros y de infraestructura en el norte.
- Energía e hidrógeno verde en el extremo sur.
- Obras públicas en zonas con comunidades.
- Industrias sometidas a monitoreo intensivo.
Un Claim ambiental sólido identifica la causa ambiental, la norma aplicable, la prueba técnica y el impacto contractual.
5. ¿Cómo apoyamos estas situaciones desde AG & Asociados?
Bajo mi dirección en el área de Derecho Ambiental y Gestión de Claims, acompañamos a organizaciones en:
- Asistencia técnica-jurídica ante fiscalizaciones (SMA, SEA, DGA, Sernapesca).
- Preparación de respuestas y evidencia con enfoque regulatorio y técnico.
- Evaluación del impacto contractual y formulación de Claims.
- Estrategias de mitigación para evitar paralizaciones.
- Defensa en procedimientos sancionatorios y Tribunales Ambientales.
- Revisión de brechas y fortalecimiento de la gobernanza ambiental del proyecto.
Nuestro enfoque combina tres áreas críticas: cumplimiento ambiental, gobernanza contractual y resolución temprana de disputas.
📌 Conclusión
Las fiscalizaciones ambientales son un punto crítico en el ciclo de vida de cualquier proyecto.
La diferencia entre una operación continua y una paralización depende de la preparación previa, la respuesta técnica y el análisis contractual posterior.
Una gestión ambiental preventiva, unida a una estrategia jurídica sólida, permite no solo cumplir con la normativa, sino también proteger la operación, evitar sanciones y reducir riesgos contractuales.
📩 Si tu proyecto o institución necesita apoyo en fiscalizaciones, cumplimiento regulatorio o Claims con componente ambiental, estamos aquí para acompañarte.
Por Paula Cáceres González, Abogada – Especialista en Derecho Ambiental y Gestión de Claims
